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Política Energética

Plan Nacional de Energía (PNE)

La política energética que sustenta el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 (PNE) está inspirada en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, así como en las orientaciones del Plan de Gobierno del Presidente Solís Rivera.

Las principales orientaciones para el sector electricidad que se consideran en dicho plan son: introducir cambios en el Sistema Eléctrico Nacional para elevar la eficiencia energética, el ahorro y lograr un mejor manejo de la demanda eléctrica; estimular el desarrollo de la generación distribuida y el autoconsumo de electricidad; actualizar el marco jurídico e institucional especializado en promover la eficiencia energética; mejorar los métodos de cálculo de las tarifas de electricidad y elevar la eficiencia de la gestión de las entidades públicas del sector electricidad.

La política energética también incorpora –entre otras– las siguientes orientaciones relacionadas con el sector de transporte: promover sistemas eficientes de transporte colectivo que sean ambientalmente más limpios y mitiguen los efectos del calentamiento global; promover el uso de combustibles alternativos en el sistema de transporte para disminuir la dependencia de los hidrocarburos y la emisión de gases contaminantes y mejorar las normas para la importación de vehículos nuevos y usados para estimular el rendimiento energético y la reducción de la contaminación.

 

 

 
 

Política Sectorial para Gas Licuado de Petróleo, Bunker, Asfalto y Emulsión Asfáltica.

La política de Precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP), Bunker, Asfalto y Emulsión Asfáltica es un como complemento a la política energética nacional expresada en el “VII Plan Nacional de Energía 2015-2030”, que establece las condiciones para la fijación del precio final de estos productos, con el fin de apoyar por un lado la competitividad del sector industrial que utiliza en sus procesos, el bunker y el GLP, de forma que genere empleo y contribuyan de forma efectiva a la reducción de la pobreza, y la protección del ambiente. Por otra parte regulando el precio del asfalto y emulsión asfáltica se busca que el costo de la construcción de carreteras no sufra incrementos abruptos que impacten el desarrollo de la red vial del país, y su consecuente impacto en los programas de los demás sectores que impulsan el desarrollo nacional. Busca también armonizar los intereses del consumidor, la industria y el modelo de producción que se desea implementar.

 

Análisis y aplicación de la Política de Precios de la Energía 2009

Con este estudio se pretende hacer una ampliación a los principios de la política de precios de la energía, efectuar un análisis de las tarifas eléctricas de algunas empresas, determinar el cumplimiento del servicio al costo de los hidrocarburos suministrados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), presentar la situación financiera del ICE, establecer una referencia sobre las fuentes nuevas y renovables de energía e indagar sobre la competencia de Costa Rica en el Istmo Centroamericano respecto a los principales combustibles líquidos.

 


Propuesta de ubicación

Estudio técnico elaborado por el Laboratorio de Energía y Potencia de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica enfocado a analizar la información técnica sobre la autonomía teórica y real de los vehículos eléctricos, las características de relieve de cada una de las carreteras nacionales y cantonales, así como la disponibilidad técnica de la red eléctrica para instalar centros de recarga rápida en esas carreteras.

 

PNTE

El Plan Nacional de Transporte Eléctrico (PNTE) 2018-2030, tiene un horizonte de planificación de doce años y describe las acciones para fortalecer y promocionar el transporte eléctrico en Costa Rica, según lo establece la Ley No. 9518, “Ley de incentivos y promoción para el transporte eléctrico”.

El plan establece tres sectores considerados como estratégicos sobre los que es necesario trabajar: Transporte privado (uso particular o flotillas de empresas o comercios), Transporte público (vehículos utilizados para transporte público remunerado de personas) y Transporte institucional (vehículos utilizados por las instituciones). Contempla además la visión, el alcance y los objetivos dirigidos a estos tres grandes sectores así como la descripción de las metas a cumplir en busca de fortalecer y promover este tipo de transporte, mediante el establecimiento de acciones concretas para hacer efectiva su implementación en el país.

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